*Estos son apenas de la primera espulgada, reconocen el Secretario de Gobierno
Por Verónica Ramírez
Tepic, Nayarit; Jueves 1 de Febrero de 2018.- Más de 800 aviadores sangran el erario público de Nayarit al cobrar sueldos millonarios sin trabajar, es parte de la herencia maldita heredada por el anterior gobierno de Roberto Sandoval.
Se trata de las bases otorgadas ilegalmente a los incondicionales del cártel de la gente en el último año del sexenio anterior, algunas en febrero y otras en la recta final.
La autoridad será inflexible en los procesos para revertir las bases entregadas fuera de la ley que incluye también recategorizaciones al personal que no cumple los requisitos para obtenerla.
En los próximos días serán llamados a cuentas las personas que obtuvieron las plazas de forma irregular pero también los ex funcionarios que se prestaron a esta trácala y que hicieron pagos indebidos.
Por estos pagos indebidos, de ser encontrados culpables, los basificados tendrán que resarcir el sueldo percibido desde que recibieron sus basesita mientras que los ex funcionarios obtendrán sanciones administrativas y hasta 20 años de inhabilitación.
Las dependencias con mayor número de plazas ilegales son la Secretaría de Finanzas con 92 personas basificadas y la Secretaría de Obra Públicas.
El Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro indicó que este personal tiene presencia en la nómina con sueldos de varios ceros pero están ausentes de las oficinas, por lo que emprenden procesos administrativos para retirar dichas bases.
Basta ya de acomodar laboralmente a los familiares y amigos de los políticos en turno, eso se acabó en este gobierno, afirmó.
Serán inflexibles y aplicarán mano dura para que este recurso que ganan los basificados ilegales se destine para mejorar los servicios públicos.
Por su parte, el titular de la Contraloría, Guillermo Lara, afirmó que existen 876 plazas irregulares pero sólo tienen prueba en contra de 425 personas, y es el número de procesos administrativos que han iniciado por el presunto delito de pagos indebidos.
Son dos las bases para iniciar los procedimientos: uno, que no se apegó a derecho el otorgamiento de la plaza y dos, se les otorgó a alguien que no tenía las atribuciones legales para otorgarlas.
“Otra consecuencia que pueden tener derivado de la investigación es la posibilidad de que se encuadre en algún tipo de delito de orden penal, y eso es el siguiente paso a seguir”. Pero ante, serán citados para que declaren al igual que los principales responsables que son los ex funcionarios que entregaron dichas bases.
Hay elementos suficientes para que se puedan declarar una nulidad de esas plazas, insistió el Contralor.
Guillermo Lara se negó a dar los nombres de los ex funcionarios implicados en este proceso para no alertarlos pero en este mes de febrero se observará quienes son, una vez que se sienten en el banquillo de los acusados.