POR GLORIA LETICIA DÍAZ CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó serias preocupaciones por la crisis humanitaria que atraviesa México al rendir su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del 37 periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, Suiza.
El funcionario de la ONU, quien visitó México en octubre de 2016, expresó sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la ausencia de una Fiscalía General de la República independiente, entre otros temas.
Sobre la LSI, Al Hussein centró sus temores en que la legislación “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”.
Además, dicha ley “no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos”, sentenció Al Hussein en su discurso ante representantes de los Estados parte.
El ACNUDH compartió la inquietud de organizaciones civiles en México por falta de autonomía del órgano de procuración de justicia del Estado, por lo que llamó a “crear una Fiscalía General de la República efectiva e independiente”.
Reporte Ayotzinapa
Asimismo, anunció que en próximos días dará a conocer un informe sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace tres años.
El documento testado por la PGR, obtenido por la reportera a través de una solicitud de acceso a la información, documentó “indicios sobre la posible existencia de tortura” en 51 de los más de 100 detenidos por el caso Ayotzinapa, de los cuales en 37 hay “fuertes elementos de convicción” de que los procesados, entre ellos una mujer, fueron víctimas del ilícito.
Con base en interrogatorios a detenidos, familiares y testigos de los arrestos, así como de la revisión de expedientes, el reporte sostiene que en los 37 casos en que se focalizó la investigación, “los actos de tortura, tanto física como psicológica, habrían sido realizados por Policía Federal, Policía Federal Ministerial y/o por elementos de la Secretaría de Marina”.
El informe al que tuvo acceso Proceso, documenta que una persona, cuyo nombre fue censurado por la PGR, murió a causa de las torturas infligidas por marinos durante su detención, el 27 de octubre pasado, en tanto que personal de la ONU confirmó la inexistencia de una investigación por el fallecimiento por parte de autoridades de Morelos, donde ocurrieron los hechos.
El escrito entregado por la oficina de la ONU-DH a la PGR también aborda la actuación del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en el río San Juan, en Cocula, Guerrero.