POR RAFAEL CRODA

BOGOTÁ (apro).- El viernes pasado, en una reunión de seguridad encabezada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, soltó una noticia que asombró a los presentes: el Cártel de Sinaloa, dijo, está financiando a bandas criminales en Colombia, en especial al Clan del Golfo.
Y enseguida informó que ya había enviado una “alerta temprana” al Ministerio del Interior ante “el incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” de los habitantes de Tierralta, un municipio rural ubicado a 450 kilómetros al noroeste de Bogotá en el que se ha detectado la presencia de enviados del Cártel de Sinaloa y su apoyo a la delincuencia organizada.
La Defensoría del Pueblo que dirige Negret es una institución equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Su presencia en las regiones más conflictivas de Colombia y los estrechos vínculos que mantiene con la población la ubican como una fuente muy autorizada para hablar de esos temas.
Por eso, todos los asistentes a la reunión de seguridad que se realizó la mañana del 19 de enero en el presidencial Palacio de Nariño escucharon a Negret con toda atención.
Allí estaban el vicepresidente colombiano, el general Oscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el representante de la ONU, Jean Arnault, y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Negret relató que los habitantes de Tierralta han dicho a funcionarios de la Defensoría que en esa zona –ubicada en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico en Colombia por su cercanía con el Golfo de Urabá y con el mar Caribe– es notoria la presencia del Cártel de Sinaloa.
Ese cártel, aseguró, está financiado a bandas “tipo C” de esa región (dedicadas al robo y a hacer trabajos para las grandes organizaciones criminales) y a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre político de la mayor organización criminal colombiana: el Clan del Golfo.
Cinco días antes de esa reunión de seguridad en la Casa de Nariño, la Defensoría del Pueblo ya le había enviado al Ministerio del Interior un oficio de 11 páginas, cuya copia tiene Proceso, en el que emite una “Alerta Temprana de Inminencia” para proteger a habitantes del municipio de Tierralta.
De acuerdo con el escrito, las AGC o Clan del Golfo ha reconquistado espacios que estaban en poder de las FARC, como el Nudo del Paramillo y parte del territorio indígena del pueblo EmberaKatío del Alto Sinú, ubicados en ese municipio.
Ese grupo criminal “es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil” en esa región.