* Llama a frenar uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra menores

Por Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto del Día del Niño, Amnistía Internacional e Indignación A.C. exigieron justicia para José Adrián, un adolescente discapacitado que el 25 de febrero de 2016, cuando tenía 14 años, fue detenido y torturado por policías municipales en Yucatán.
Ambas organizaciones exigieron una investigación “completa, pronta e imparcial” para que “los agentes de la policía municipal sospechosos de responsabilidad penal sean llevados ante la justicia y, si son declarados culpables, castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito, incluidos los responsables del mando, refieren por medio de un comunicado conjunto.
Las organizaciones narraron que el jovencito regresaba de la escuela en su comunidad de X-Can, después de que se llevó a cabo una pelea callejera en la que él no participó; como parte del altercado, los participantes lanzaron piedras a una patrulla, tras lo cual aparecieron más policías que, en lugar de proteger a José Adrián, lo arrestaron y golpearon contra un auto, le pisaron la cabeza y le lesionaron el cuello.
Ambas organizaciones ejemplificaron que José Adrián es uno de muchos sobrevivientes del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Después de ser arrestado, los policías “le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a las celdas de la comisaría en la cercana ciudad de Chemax”, donde “lo esposaron, lo colgaron por las manos de la pared y lo dejaron allí durante mucho tiempo”.
Mientras tanto, los padres de José Adrián tuvieron que pagar una multa y los daños de la patrulla de la policía para rescatarlo.
A dos años de los acontecimientos, Amnistía Internacional e Indignación, señalaron que José Adrián y su familia decidieron romper el silencio y exigir el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables de la agresión.
Ambas organizaciones convocaron a recabar firmas para sumarse a la causa del menor para lograr “una reparación adecuada por las violaciones a derechos humanos que sufrió, de acuerdo con la voluntad y la de su familia”.