* El caso va a ser denunciado a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

POR RAFAEL CRODA
BOGOTÁ (Proceso).- El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún, Quintana Roo, en un hecho similar al de los tres italianos desaparecidos hace mes y medio en Tecalitlán, Jalisco. Uno de esos sudamericanos apareció decapitado dos días después de la detención. Proceso entrevistó en Colombia a familiares de las víctimas y también tuvo acceso al expediente que ese país armó del caso. Los testimonios obtenidos y la información recabada dejan al descubierto una cadena de irregularidades de las autoridades mexicanas que rayan en la corrupción y en el encubrimiento.
El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor.
La información indica, basada en testimonios, que policías municipales del destino turístico detuvieron el 18 de diciembre de 2017 a cuatro colombianos que fueron subidos a dos patrullas. Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”; 48 horas más tarde sólo uno de los arrestados fue hallado, muerto.
A lo largo de estas 12 semanas, la Fiscalía General de Quintana Roo, encargada de la investigación, no ha realizado una sola captura pese a todas las evidencias y testimonios que involucran a los policías locales en el arresto de los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda.
“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar del arresto, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente conocido por Proceso.
Según la documentación a la que este semanario tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo” que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero tampoco ha servido.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.
Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación y se castigue a los responsables.