iudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que entidades fundamentales del Estado, como la Procuraduría General de la República (PGR), y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) “están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares, con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos”, por lo que exigió a la presidencia de la República, gobierno estatales y municipales que saquen las manos del proceso electoral y se conduzcan dentro de la legalidad.

“Hacemos un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que de sospecha, indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en 30 entidades federativas”,señaló el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

Destacó que la ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos.

Gustavo de Hoyos dijo que en los últimos días “la actuación institucional y apartidista de varias entidades federales, especialmente la Presidencia de la República, la PGR, la SHCP, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos”.

A nombre de los agremiados a la Coparmex exigió en conferencia que la ley se aplique sin distinción, que si en el caso de alguno de los participantes en la contienda electoral hay elementos para la presunción de un delito, se investigue y se lleve a tribunales, pero que no se litigue en los medios de comunicación para no enturbiar el ambiente.

Criticó que ahora además de la corrupción que se ha documentado a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , aparezca una forma “más aberrante” de atentar contra el país, los ciudadanos y la vida democrática con el uso de instituciones para minar a contrincantes políticos.

“Múltiples gobiernos de diversa filiación partidista, y de los distintos órdenes de gobierno, han utilizado ilegalmente a las entidades gubernamentales y sus recursos, como si fueran instrumentos auxiliares de la competencia electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad”, sostuvo el dirigente del organismo patronal.

Afirmó que todas las reformas hechas a los órganos electorales como el propio Instituto Nacional Electoral, con su Consejo Ciudadano; hayan sido insuficientes para garantizar la transparencia y legalidad del proceso actual.

“El proceso electoral en curso, por sí mismo el más complejo de nuestra historia moderna, no está siendo la excepción en la presencia recurrente de esas prácticas ilegales. Los casos de corrupción y desvío masivo de recursos públicos, en ocasiones documentados por la ASF y otros denunciados por organismos de la sociedad civil, y algunos más identificados y denunciados por los medios de comunicación, parecen apuntar claramente al uso sistematizado del erario, en los distintos órdenes de gobierno, con fines electorales y partidistas”.

Gustavo de Hoyos emplazó una vez más a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los partidos y coaliciones, y a los legisladores emanados de esas formaciones políticas, a pronunciarse con claridad y actuar sin dilación, para concretar una reforma al artículo 102 de la Constitución General, que garantice que México cuente con una Fiscalía General autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, con supervisión y controles ciudadanos, “en resumen, una #FiscalíaQueSirva a México.