* Sobre el traslado de Secretarías a los Estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno de López Obrador a considerar, con base en un estudio más amplio, la conveniencia de mudar dependencias federales a diversas entidades del país.
Incluso, para el sector empresarial el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es mucho menos trascendente para la vida pública del país, que el cambio de las sedes de las dependencias federales más importantes.
“Con ello, deberá de abrirse un amplio debate técnico, a la vista de la sociedad, y de ser el caso, se rectifique en la propuesta, si determina que el proyecto no aporta al país los beneficios esperados, o bien, si se concluye que es inoportuna su implementación, en el contexto de limitación financiera por el que atraviesa el gobierno federal”, acotó.
Según la Iniciativa Privada, la propuesta del presidente electo tiene cuatro inconvenientes: los tiempos y costos de la mudanza, la elección de inmuebles y la justificación de su compra, la retención de capital humano y los efectos marginales.
En el primero de ellos, el organismo, que encabeza Gustavo de Hoyos, expone la poca probabilidad de que en el sexenio obradorista se concrete la reubicación de las dependencias.
Además, alertó que dicho plan tendría un costo muy elevado, de alrededor de dos mil millones de pesos, recursos que no serían invertidos en infraestructura física, como carreteras, escuelas u hospitales.
“En el Proyecto de Nación que formuló el presidente electo, se estimó que tan sólo el traslado de las secretarías y dependencias, costaría 125 mil millones de pesos, más dos mil millones que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos”, argumenta la Coparmex.
De hecho, detalló que el costo de esta operación, sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018. Esto sin contar los costos adicionales e indirectos que implica la medida.
En el segundo punto, sobre la elección de inmuebles y la justificación para adquirirlos, la confederación indica que puede conllevar problemas establecer qué características tendrán los edificios y la definición de cómo se realizará su adquisición o arrendamiento.
Señaló que, aunque el gobierno federal tiene 116 inmuebles a lo largo del país y que podrían ser utilizados para albergar a las dependencias, estos no cuentan con la funcionalidad ni ubicación deseadas.
De Hoyos Walther señaló que el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales señala que las instituciones públicas sólo podrán arrendar cuando resulte estrictamente indispensable para asegurar la continuidad en la prestación de sus servicios.
“A la luz de la legislación en vigor, no podrían justificarse las nuevas erogaciones en el arrendamiento de inmuebles, cuando el gobierno federal ya cuenta con bienes raíces suficientes, en la Ciudad de México, para prestar sus servicios”.
Respecto a la retención de capital humano, Coparmex explicó que la mudanza implicaría que mandos medios, equipos técnicos y servidores públicos de carrera, decidan separarse de sus funciones ante el cambio de ubicación.
Agregó que se tiene que tomar en cuenta que este desplazamiento implica también a sus familias.
Por último, el empresariado alertó sobre los efectos marginales de la propuesta, ya que dijeron, tanto ciudadanos como empresarios que deseen tratar alguna problemática con las secretarias sólo experimentarían el cambio de lugar y en muchos de los casos supondría un incremento en los costos y la pérdida de eficiencia empresarial.
Para el sector patronal, la verdadera solución al centralismo que asfixia al país, está en la eliminación y simplificación de trámites, el traslado de facultades a las unidades regionales de las dependencias federales, la implementación de la positiva ficta, en la celebración de convenios de servicios con gobiernos estatales y municipales, y la inversión en tecnología.