*Sobrecostos, favoritismo y opacidad

POR JENARO VILLAMIL
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante cinco años el presidente Peña Nieto sostuvo a Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importarle los insistentes señalamientos de favoritismo en la asignación de contratos y su negligencia ante tragedias como la del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca. Y aunque la Secretaría de la Función Pública está por dar su dictamen sobre las responsabilidades en este caso, lo más probable es que el secretario salte a una candidatura por el PRI y deje a la SCT hundida en las anomalías que él propició.
En los primeros días de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dará a conocer el resultado final de las observaciones sobre las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, el más reciente escándalo que involucró al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a raíz del fallecimiento de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo, Juan Mena Romero, de 36, quienes quedaron atrapados en el socavón de siete metros que se abrió el 12 de julio pasado.
Cuando se dé a conocer ese dictamen final, es muy probable que el titular de la SCT, inamovible durante este sexenio, haya renunciado para buscar una candidatura a diputado federal por el PRI o retorne al gobierno del Estado de México como colabo¬rador de Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgobernador que fue el primer jefe político de Ruiz Esparza.
El principal problema del último socavón de Ruiz Esparza es la ausencia de un plan ejecutivo definitivo para el Paso Exprés, concesionado a las empresas Aldesem y Epccor, y una serie de sobrecostos que provocaron que esta obra, contratada originalmente por mil 45 millones de pesos por la SCT, terminara costando 2 mil 300 millones de pesos –más del doble–, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y 1 mil 978 millones de pesos, de acuerdo con los contratos auditados por la SFP.
El 12 de septiembre pasado, la SFP adelantó que había detectado alrededor de 22 irregularidades que apuntaban a responsabilidades de los funcionarios medios de la Dirección General de Desarrollo Carretero, de la Dirección General de Carreteras y, sobre todo, de la Dirección General del Centro de la SCT en Morelos. Ninguna involucraba directamente al propio Ruiz Esparza.
Esas irregularidades incluyen fallas en los procedimientos de licitación de adjudicación de cuatro de los 13 contratos que incluyó la obra, un sobrecosto de 71.78% (647 millones de pesos más), incumplimiento en el programa, falta de planeación y programación de la obra, deficiente supervisión y coordinación, así como omisiones frente a las recomendaciones técnicas realizadas por distintas instancias de la SCT durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93 + 857 del Paso Exprés.
Como documentó Proceso, los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibieron la negligencia de la SCT porque, en el mismo kilómetro donde se abrió el socavón el 12 de julio, ocurrió un incidente similar el 14 de octubre de 2016, sin que se tomaran las medidas adecuadas.
El incidente fue reportado por la propia Policía Federal como un “socavón” y se localizó exactamente en el kilómetro 93 + 857. “Circulen con precaución. Socavón en el referido kilómetro, a la altura del plantel educativo Conalep en Cuernavaca”, alertó la corporación policiaca en su cuenta de Twitter.
Los peritos destacaron que “durante el mes de octubre de 2016 se presentó un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, el cual se deslizó parcialmente ante la presencia de fuertes lluvias. Existe la posibilidad que al restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo, sin embargo, no hay evidencia que pudiera sustentar lo anterior. En nuestra opinión, debe hacerse también un peritaje específico para aclarar esto”.
La SCT ignoró este dictamen de los peritos y Ruiz Esparza no mencionó el caso del socavón anterior de octubre de 2016 en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado de la República, en vísperas de su comparecencia el 22 de agosto.
En aquella ocasión, por tercera vez en el sexenio, senadores del PT y de Morena le demandaron a Ruiz Esparza su renuncia, y por tercera vez el funcionario –que colabora con Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México– se negó a dejar el cargo, a pesar del antecedente de la irregular licitación del tren rápido México-Querétaro, que benefició al Grupo HIGA, y del escándalo sobre los presuntos sobornos y sobrecostos de las obras de OHL, ambos detonados a finales de 2014 y a principios de 2016, respectivamente.
En noviembre pasado la SFP informó que la SCT sólo había solventado 12 de las 22 irregularidades señaladas en la contratación de la obra del Paso Exprés, que le costó más de 2 mil millones de pesos al erario federal.
Cúmulo de irregularidades
El reporte de las irregularidades documentadas por la SFP se basa en el análisis de los cuatro contratos por un total de 1 mil 978 millones de pesos que realizó la SCT para la “ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) por 1 mil 548 millones de pesos; para la coordinación del proyecto de ampliación por un total de 54 millones 146 mil pesos; para la supervisión de ‘obras realizadas por terceros’ por un total de 47 millones 295 mil pesos; y para la ‘verificación de calidad de los trabajos relativos’ al Paso Exprés por 8 millones 948 mil pesos”.
Los sobrecostos
El Paso Exprés fue la obra más analizada por la SFP, pero no la única donde se registraron elevados sobrecostos en los cinco años de gestión de Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones y Transportes.
Por ejemplo, la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro tuvo un costo final de 50 mil 820 millones de pesos, 27% más caro que el presupuesto original (42 mil millones). El resultado de esa licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014 y el ganador fue el consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, dirigida por Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
El escándalo de la Casa Blanca, detonado una semana después, así como las críticas al favoritismo y a las prisas por el fallo, provocaron la cancelación de esta licitación.
La repartición de 10.5 millones de televisores digitales, cuyo plazo límite se fijó para el 31 de diciembre de 2015, también generó un sobrecosto escandaloso para la dependencia encabezada por Ruiz Esparza. El plan original era que ese programa tuviera un costo de 18 mil 760 millones de pesos y terminó consumiendo 28 mil 446 millones, con padrones de reparto mal elaborados, acusaciones de soborno y hasta señalamientos de casi 400 mil televisores “perdidos” en pleno año electoral.