PRIMEROS RESULTADOS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

A la gran mayoría de los Nayaritas nos causó satisfacción el aseguramiento de 14 bienes inmuebles propiedad del ex-rector de la UAN, actualmente en fuga Juan López Salazar y su socio Milton Romero, y la consiguiente denuncia contra estos depredadores del Patrimonio Universitario,y DE TODOS LOS NAYARITAS QUE PAGAMOS LOS IMPUESTOS CON LOS QUE SE SOSTIENE NUESTRA UNIVERSIDAD, que al parecer va en retroceso en todos los aspectos, financieros y académicos.
Esto se debe a que está en manos de líderes mafiosos, en primer lugar, por el sempiterno dirigente del SETUAN, con más de 36 años al frente de este organismo gremial, quien impone rectores y funcionarios de la administración, Luis Manuel Hernández Escobedo,quien puso a Juan López en la rectoría porque sabía de su pusilanimidad y amor por el dinero,y es en realidad, el poder detrás del trono desde hace muchos años, muy por encima de los dirigentes del SPAUAN y de la FEUAN, que sólo son sus socios minoritarios.
Ojalá que las autoridades del Estado, o la propia Secretaría de Hacienda (SAT) investigaran el origen de la fortuna y patrimonio del líder del SETUAN, y de sus familiares más cercanos para definir las discrepancias entre sus numerosas propiedades y sus ingresos como asalariado de la UAN y del Congreso del Estado; para poder determinar su posible enriquecimiento ilícito.
El procedimiento más fácil para determinar el enriquecimiento ilícitode cualquier persona físicaESTÁ CLARAMENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, conocido como DISCREPANCIA FISCAL; esto procede y se tipifica cuando en un año de calendario se comprueba que las erogaciones son superiores a los ingresos declarados por el contribuyente, o los que hubiere correspondido declarar.
Lo anterior se complementa con los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.
La aplicación de estos ordenamientos legales por parte de la Secretaría de Hacienda, por desgracia, ha sido prácticamente nula tratándose de políticos y funcionarios y se ha limitado o enfocado por el SAT (Órgano de la Secretaría de Hacienda), sólo a los ciudadanos o contribuyentes que no tienen vínculos con el gobierno o que no ocupan un puesto público, A PESAR DE QUE LOS POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MÉXICO SON LOS PRINCIPALES DEFRAUDADORES DE ESTE PAÍS, ADEMÁS DE SER DE LOS MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO.
Les ha faltado a los políticos y funcionarios voluntad para combatir verdaderamente la corrupción,pues serían los principales candidatos para ser castigados con cárcel y decomiso de sus patrimonios mal habidos. EN LOS DOS ANTERIORES GOBIERNOS ESTATALES LA CORRUPCIÓN LLEGÓ, A PRÁCTICAMENTE TODAS LAS ÁREAS DEL EJECUTIVO.
Resulta muy probable que Roberto Sandoval y el ex-fiscal Edgar Veytia sean cómplices del ex-rector Juan López y sus socios en el saqueo de cientos de millones de pesos a la UAN durante la administración del anterior rector, de ahí la protección e impunidad que se les dio durante todo el sexenio de Sandoval.
Ojalá que continué la cacería de corruptos como Roberto Sandoval, Ney González, Gianni Ramírez y otros funcionarios. Las dos administraciones anteriores desde Ney y su pandilla, que empezaron pobres y salieron todos como magnates y multimillonarios a costa de endeudar a Nayarit de por vida, con una deuda pública bancaria de más de 5,200 millones en 2017, con un costo de más de 400 millones de interés anual (más de un millón de pesos al día), sin contar amortizaciones de capital por cerca de 300 millones al año, es decir, un desembolso del orden de los 700 millones, producto de la corrupción galopante heredada de los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval, los cuales resultarán impagables, y no es justo que estos tipos resulten incólumes e impunes.
Todos estos personajes, y otros políticos y funcionarios que los acompañaron pueden y deben ser castigados, y decomisados sus bienes mal habidos, aplicando las leyes antes mencionadas, además del castigo penal que también tipifica y sanciona el fraudes y el desvió de recursos públicos, coordinándose las autoridades estatales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), PARA DETERMINAR LA DISCREPANCIA FISCAL Y EL PATRIMONIO O LOS INGRESOS OMITIDOS de estos ladrones; sin necesidad de que existan Órganos Anticorrupción Burocráticos, ni las leyes correlativas; sólo es cuestión de voluntad y eficiencia administrativa para confiscarse a los corruptos todos sus bienes, inversiones y cuentas bancarias.
Desde luego, este proceso incluye la fiscalización de los patrimonios de sus familiares y amigos más cercanos (prestanombres).
Sería un enorme éxito de Toño Echevarría que se pudiera lograr que estos bandidos y sus principales cómplices tuvieran que devolver por lo menos una parte de lo que saquearon a nuestro jodido y atrasado estado. Toño tiene un gran reto junto con el Fiscal Petronilo Díaz Ponce, persona capaz y con la camiseta puesta. Ojalá que los demás de su equipo, pero sobre todo la Auditoría Superior de Nayarit y la Contraloría del Estado, se pongan bien la camiseta del gobernador y apoyen al máximo su esfuerzo contra la corrupción.
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