. Juez otorga amparo a empresarios que exigen a Yunes el pago de adeudos
Por Noé Zavaleta
XALAPA, Ver. (apro).- Empresarios veracruzanos obtuvieron un amparo que declara “inconstitucional” el decreto para la revisión de los adeudos de proveedores contratados en la administración del priista Javier Duarte de Ochoa.
Argel Humberto Aguirre García, litigante de la firma Aguirre & Montoya, detalló que son aproximadamente 20 empresarios quienes reclaman el pago al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y deberá realizarse antes de que concluya su administración, el próximo 1 de diciembre.
“Esto es con el fin de garantizar la planta productiva y la fuente de trabajo, por eso, un grupo de empresarios veracruzanos recurrió a instancias federales a fin de ampararse en contra del decreto con el que se imponía a los acreedores la obligación de someterse a un procedimiento discrecional ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que, fungiendo como juez y parte, (el gobierno estatal) habría de determinar qué adeudos pagar y cuáles no”, expuso en conferencia de prensa.
En los últimos días los afectados han emprendido diversas acciones –plantones, declaraciones en la prensa y hasta un reloj que cuenta los últimos días del gobierno panista– como medida de presión para reclamar pagos que datan desde 2010, cuando Javier Duarte era gobernador.
Desde junio pasado, empresarios de esta capital y exintegrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se atrincheraron en la entrada principal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y en la propia oficina del gobernador para exigir una reunión con el titular de la dependencia, Guillermo Moreno Chazarinni, y exigir el pronto pago que dejaron administraciones pasadas.
El titular de la firma Aguirre & Montoya Abogados destacó que un juez federal consideró que el decreto ganado por los empresarios impone “obligaciones adicionales” a las que originalmente se habían pactado en sus contratos.
“En caso de que el gobierno del estado tenga elementos de prueba suficientes para acreditar que existen adeudos irregulares o fuera de derecho, es a las instancias jurisdiccionales y no al mismo estado a quien corresponde determinar eso. El gobernador tiene todo el derecho de someter a juicios de lesividad ante la autoridad jurisdiccional correspondiente a los proveedores que considere irregulares o fantasma, pero pretender imponer un procedimiento discrecional mediante el cual se coacciona el pago, es por demás ilegal”, apuntó.