Por Gloria Reza M.

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Alfonso Durazo Montaño, próximo titular de la secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó que a final de este mes presentará la estrategia nacional de seguridad y consideró que a la mitad del sexenio venidero se verán resultados en la materia.
Desde Jalisco, al inaugurar los trabajos de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional, Durazo Montaño adelantó que la estrategia de seguridad contempla tres líneas: combatir la corrupción, profesionalizar y capacitar a las Policías, y mejorar las condiciones socioeconómicas de sus elementos.
Agregó que la estrategia contempla la creación de una Policía Nacional, la depuración de corporaciones policiacas, y la presentación de denuncias penales contra los elementos que estén coludidos con el crimen organizado.
Explicó que “de los 2 mil 400, casi 2500 municipios que hay en el país, sólo mil 800 tienen policía, y de ellos sólo 900 tienen más 20 policías. La mayoría de ellos no capacitados (…) y si no están debidamente capacitados no pueden preservar la escena del crimen y recoger los elementos que durante el proceso sirvan para sentenciar o condenar a un presunto criminal en ello estriba la relevancia de la capacitación y la profesionalización “.
Refirió que en 2006 se destinó un presupuesto de 6 mil millones de pesos en materia de seguridad, y dijo que actualmente dicha partida asciende a 60 mil millones de pesos, aunque “contradictoriamente” la inseguridad creció de manera exponencial, por lo que habrá “una redefinición para liberar recursos que nos permitan financiar precisamente el mejoramiento de la condición socioeconómica de las y los policías”, insistió.
Alfonso Durazo indicó que al asumir el cargo habrá un “proceso de depuración para separar al crimen uniformado de los cuerpos de seguridad y dejar en ellos a aquellos elementos que realmente tienen interés en cumplir con su deber. Podría decir que en términos generales no hay tropa corrupta, sino que hay mandos corruptos”.
Al abordar el tema del lavado de dinero dijo que se contemplan dos acciones: “fortalecer la capacidad de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera”, y modificar la ley de Extinción de Dominio, “de tal manera que sea más flexible y accesible el decomiso de bienes al crimen organizado”.
Pacificación, a mediados del próximo sexenio
Al abordar el tema de la pacificación del país, definió:
“La pacificación es del país es la reducción de la violencia y estimamos que a mediados del sexenio estaremos rindiendo buenas cuentas a la ciudadanía, que estaremos en posibilidades de regresar la paz y la tranquilidad a los hogares, que las familias mexicanas podrán recuperar con normalidad las actividades que ahora inhibe la violencia y la criminalidad”.
En rueda de prensa, Durazo calificó el problema de los desaparecidos como una “tragedia nacional” y dijo que se abordará tal problemática “con una gran voluntad política, si no hay voluntad política para comprometer y alinear los esfuerzos del gobierno, los resultados serán menores”.
En la realización del foro número 14 de los 20 que habrá a lo largo del país, Alfonso Durazo refirió que “los estragos de la violencia en nuestro país son grandes”, tan sólo en el transcurso de dos sexenios, existen “38 mil desaparecidos, según las cifras oficiales, (pero) algunas organizaciones de la sociedad civil hablan de una cifra negra de otro tanto”.
Por seguridad de las víctimas que acudieron al auditorio del Tec de Monterrey, a la prensa no se le permitió acceso a las mesas de discusión, algunas de las cuales lucieron vacías.
En conferencia de prensa aseguró que el tema de la amnistía sólo representa una de las 10 líneas estratégicas del programa de seguridad.
“Es incorrecto hablar de amnistía. De lo que se debe hablar es de ley de Amnistía porque cuando se habla de amnistía parece que es una decisión unilateral del presidente, y no, la amnistía es un proceso, es producto de una ley que aprueba el Congreso”, afirmó.
Añadió que “si esta amnistía se da según los términos y los consensos logrados en estos foros, se presentará una iniciativa al Congreso de la Unión quién tendrá la última palabra”.
Por su parte, Ricardo Govela integrante de la Comisión Coordinadora de los Foros por la Paz, informó que en Jalisco se registraron 425 participantes, representantes de nueve municipios y de cinco comunidades indígenas, estudiantes de siete universidades públicas y privadas, así como 87 organizaciones civiles y sindicales.

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