Por La Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la acción represiva del Estado nicaragüense dejó al menos 212 muertos y mil 337 heridos hasta el pasado martes 19.
Además, al miércoles 6 se tenían registradas 507 personas privadas de la libertad, así como cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación, destacó en su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe aborda la situación de derechos humanos en el país centroamericano observada por la CIDH en su visita de trabajo realizada del 17 al 21 de mayo, así como a través del seguimiento de los hechos ocurridos con posterioridad a la visita, en relación con los actos de violencia ocurridos en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril.
Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluido el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, y obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones.
De igual manera, un patrón de detenciones ilegales arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas, y de personas que transitaban en vías públicas en las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, “llegando algunos de estos a alcanzar el umbral de tortura”; la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales, y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto.
De acuerdo con la CIDH, la respuesta de represión a las protestas ejercida por el gobierno de Daniel Ortega ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos.
Tras señalar que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, de reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia, recalcó: “Son de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
Asimismo, manifestó su preocupación por la violación al derecho a la salud y por la denegación de atención médica y las represalias contra personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos, además de actos de censura, actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto.
Los manifestantes, incluidos los estudiantes que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardan los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión, concluyó.