* Desde hace tres meses que tomó el control de la seguridad, se han registrado innumerables detenciones arbitrarias, al menos 28 desapariciones forzadas y nueve ejecuciones extrajudiciales, según testimonios

Por Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-El control que mantiene la Secretaría de Marina (Semar) sobre la seguridad de Tamaulipas, y en particular en Nuevo Laredo, arroja severos casos de violaciones a derechos humanos en los últimos tres meses, lapso en el cual se han registrado innumerables detenciones arbitrarias, al menos 28 desapariciones forzadas y nueve ejecuciones extrajudiciales. Y cuando los familiares de los agraviados piden cuentas a la dependencia, sus empleados dicen que los autores de esos ilícitos son delincuentes disfrazados de marinos.
Las muertes de las menores ¬Shelsea Abril y Kenia Azul Rojas ¬Ruiz y su madre, NayeliAydée Ruiz Martínez, el 25 de marzo último bajo el fuego de marinos que tripulaban un helicóptero, son una muestra de los recientes abusos ocurridos en la ciudad fronteriza documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
“Empezamos a saber de casos de detenciones arbitrarias a plena luz del día y de torturas cometidas por marinos, pero las víctimas, por miedo, decidieron no formalizar las denuncias. Después empezaron las balaceras, persecuciones, enfrentamientos y detenciones a todas horas, sobre todo de jóvenes a quienes no se les vuelve a ver o aparecen días después semienterrados en predios despoblados, a unos 50 kilómetros a la redonda de Nuevo Laredo”, apunta el defensor.
Entre el 5 de febrero y el 24 de abril, según testimonios y videos, el CDHNL registró 28 desapariciones forzadas ejecutadas por elementos de la Semar. La Procuraduría General de la República (PGR) sabe de estos casos.
“Hay un modus operandi recurrente de la Mariana en ese periodo: disparos de arma de fuego, a manera de disuasión o para frenar a las personas, detenerlas y llevárselas con rumbo desconocido. Los testigos identifican a 25 o 30 elementos que se desplazan en tres vehículos, dos pick up blancas y una gris con los emblemas de la Semar. Las camionetas blancas, tenemos entendido, las proporcionó el gobierno del estado a la institución para realizar patrullajes”, explica el defensor.
Cuerpos quemados y diseminados
Proceso consultó el expediente relacionado con la desaparición forzada de Jorge Antonio Hernández Domínguez, de 18 años, y de Juan Carlos Zaragoza González, de 40 (FED/TAMP/NVO.LAR/940/2018), en el que la denunciante, María Elena Domínguez Rodríguez, asegura que una de las puertas de la pick up gris tenía el número 511 445.
“Nosotros tenemos la representación de 17 casos, todos detenidos en Nuevo Laredo, de los cuales nueve víctimas aparecieron sin vida en condiciones muy similares. Todos tenían huellas de tortura, la mayoría con disparo de arma en la cabeza.
“Los tres últimos fueron encontrados los primeros días de abril. Fueron quemados y sepultados de manera clandestina en la región que comprende Colombia, Sabinas y Vallecillo, pertenecientes a Nuevo León, y en el área despoblada de Nuevo Laredo”, indica Ramos Vázquez.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene conocimiento de los restantes 11 expedientes de desaparición forzada ocurridos en los últimos meses, dice el defensor, y considera que “los cuerpos están diseminados fuera de los límites de Tamaulipas y ahora les están quemando el rostro”. Puntualiza: “Es clara la intención de obstaculizar las investigaciones de las procuradurías locales y de la PGR”.
De 2013 a diciembre de 2017, el CDHNL ha documentado casi una treintena de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que presuntamente implican a marinos, dice Vázquez. De hecho, él informó a autoridades de la Semar sobre esta situación, aunque la dependencia asegura que se trata de delincuentes “disfrazados” de marinos que utilizan vehículos clonados, para negar la participación de sus tropas.
Agrega que el CDHNL tiene tres videos aportados por las familias de las víctimas que involucran directamente a personal de la Semar; “eso lo tiene que investigar la PGR”.
En uno de ellos es el de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez, a quienes un grupo de marinos sacó del domicilio del primero la madrugada del 27 de marzo.
El testimonio de Molina
Ciudadana estadunidense, Molina asegura desde hace 12 años ella y su esposo radican en Laredo, Texas. Se conocieron en Houston y tenían casa en Nuevo Laredo; solían visitar a la familia de Daniel.
Narra a la reportera que alrededor de la 1:30 de la mañana del 27 de marzo, ella y su esposo se encontraban en la planta baja de su domicilio, que habilitaron como dormitorio debido a que ella estaba convaleciendo de una cirugía.
“Mi esposo estaba dormido en un colchón cerca de mí, y yo estaba viendo la televisión, esperando a que me hiciera efecto un medicamento antes de dormir. De repente seis marinos entraron, apuntándonos a la cabeza. Levantamos las manos y uno de ellos, a quien los otros se dirigían con respeto, nos interrogó.
“Le preguntó a mi esposo que cuál era su alias. Él le dijo que Dani, Trejo y Negro; y yo le dije que también Terminator. Le dijimos que era mecánico y en su cartera había tarjetas de presentación que demostraban que tenía su taller en Laredo, y tenía también herramienta en casa.
“Nos preguntó si habíamos pedido comida. Le dijimos que sí y le mostramos los restos de comida, pues mi esposo no había querido salir a comprar porque un primo le dijo que había balaceras cerca.
“Yo le pedí al oficial que prendiera la luz, pero me respondió que a qué le tenía miedo. En eso, mi esposo reclamó que ellos no tenían derecho a entrar así.
“Revisaron los celulares y nos pidieron desbloquearlos. A mi esposo se lo llevaron por un video que le mandaron por Whatsapp. No sé de qué, pero él gritaba: ‘¡A mí me lo mandaron!’, pero aún así se lo llevaron. Yo me quedé en shock. Se llevaron también al amigo de mi esposo, que tenía la intención de pasar al otro lado.”
Molina cuenta su historia conteniendo el llanto. Recuerda que antes de irse, los marinos destruyeron las cámaras de seguridad de su casa y se llevaron el disco duro que almacena los videos.
Entre los elementos que tiene para sostener que eran marinos ella destaca que los vecinos le contaron que antes de allanar su casa, los marinos habían entrado a sus viviendas, que ya se iban de la zona, pero escucharon los ladridos de los perros de la casa de Trejo y el oficial al mando ordenó allanarla.
“Me di cuenta de que uno de los vecinos tenía cámaras, y le dije a mi hijastro que pidiera los videos. Nunca nos respondieron”, dice.
Un día, de repente, apareció de manera anónima un video con 30 minutos de grabación en la oficina del CDHNL. En él se observa cuando a los marinos se les ordena ingresar a la casa de Jessica y Daniel. La grabación registra también el momento en que sacaron a Daniel y a su amigo Gabriel.
“La noche en que se llevaron a mi esposo, un vecino se ofreció a declarar. En su acera se habían estacionado las trocas y él vio todo, pero cuando lo buscamos para que fuera a declarar a la PGR, se había mudado de casa”, agrega Molina.

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