Donald Trump modifica criterios de agentes de migración y jueces para acelerar la expulsión de ilegales, incluso de aquellos que buscan asilo

SAN DIEGO.

A Antonieta Carvajal le invade el miedo cada vez que piensa que algo le puede pasar a su hijo de 9 años en México, pero tampoco podría sentirse tranquila si pide que se lo lleven a California.

“Esta situación no se le desea ni a un enemigo”, dijo tras hablar con una abogada de migración, quien le advirtió que, si su hijo es detenido mientras ingresa de forma ilegal a Estados Unidos, ella podría ser acusada de tráfico de menores.

Eso implicaría que el menor sería retenido hasta que ella, su madre, se presentara a recogerlo, lo que equivaldría a entregarse.

Carvajal, de 30 años, dice que le habría gustado solicitar asilo en Estados Unidos, pues teme por su vida en el estado de Guerrero; sin embargo, supo que el gobierno del presidente Donald Trump ha reducido tanto las posibilidades de conseguir refugio, que al pasar como indocumentada tenía menos riesgos de ser detenida y deportada.

“Me siento como que no tengo salida, muy angustiada”, asegura.

Donald Trump impulsa este tipo de acusaciones contra familiares de indocumentados como una forma de luchar contra lo que él llama “inmigración de cadena”, concepto que antes era considerado como “reunificación familiar” y que benefició incluso a los suegros del Presidente.

Además, el mandatario ordenó terminar con el proceso que él llama “capturar para soltar”, es decir, detener a personas que buscan asilo y que son dejadas en libertad condicional mediante el pago de una fianza accesible mientras las cortes de migración revisan sus casos.

El Presidente quiere que, si los migrantes no pueden demostrar de inmediato y de forma creíble que su vida está en riesgo, entonces sean detenidos sin libertad o deportados cuanto antes, según la nacionalidad y posibilidades.

Trump ordenó este mes identificar a lo largo de la frontera todas las instalaciones que pudieran servir como centros de detención, incluidas las militares. Dentro de aproximadamente un mes, esas instalaciones comenzarán a albergar migrantes.

Al mismo tiempo, su gobierno impuso cuotas a los jueces de migración: les exige que concluyan en promedio 700 casos anuales o perderán puntos para ascensos, mientras contrata a cientos de nuevos jueces de migración, en su mayoría exprocuradores especializados en llevar casos contra ilegales para deportarlos.

Trump espera que si los jueces aceleran las deportaciones, se reducirán gradualmente los cerca de 630 mil casos pendientes en las cortes.

Algunos abogados piensan que Trump lleva a cabo toda una reforma migratoria que no pasa por el Congreso y criminaliza a los migrantes, tanto indocumentados como legales y refugiados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo la semana pasada al reunirse con agentes fronterizos en Calexico, en la frontera de California con México que la administración Trump hará todo lo posible por conseguir cambios en el Congreso para que los oficiales consigan detener “narcotraficantes, pandilleros y casos de asilo”, indistintamente, con lo que incluyó el pedir asilo como un delito.

Mientras el gobierno de Trump trata de conseguir esa reforma legislativa, cada vez son más los cambios con los que afina lo que las organizaciones de derechos de los inmigrantes califican como “maquinaria de deportaciones”.

El año pasado, el gobierno cambió su clasificación de los delitos que ameritan deportación y ubicó al mismo nivel una acción violenta, por ejemplo un intento de robo, con haber sido multado hace diez años por conducir una noche con índices elevados de alcohol en la sangre, lo que equivale aproximadamente a tres cervezas.

Uno de los motivos más comunes por el que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca inmigrantes con antecedentes, tanto residentes legales como indocumentados a quienes deporta por igual, es por haber conducido bajo influencia del alcohol. El ICE califica y busca a personas con ese tipo de falta como inmigrantes peligrosos.

El ICE ubica ahora en la misma clasificación a los inmigrantes que sean acusados de cualquier tipo de falta.

“El peligro con esa medida es que para que un inmigrante sea deportado no se necesita demostrar que es culpable de lo que le acusan, la simple denuncia lo convierte en meritorio de deportación automáticamente”, dijo a Excélsior el director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos.

Entonces, mientras el ICE busca a un número más bien breve de delincuentes, entre los que incluye a inmigrantes multados con alcoholímetros y denunciados, sea o no verdad que hicieron algo, detiene a todo migrante que encuentra en el camino.

Por ejemplo, en el condado de San Diego, en los primeros tres meses de este año el ICE detuvo a mil 622 personas sin ningún tipo de antecedente criminal y a 637 que sí tenían antecedentes, la mayoría de ellos por conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas.

El ICE las llama detenciones “colaterales” que se presentan al buscar a otros inmigrantes.

Otra medida similar de la administración Trump es un número telefónico en el que desde el año pasado las víctimas de indocumentados peligrosos pueden reportar sus casos. Pero el número se ha vuelto una línea en la que algunas personas presentan denuncias, falsas o no, por rencillas personales o venganzas.

Aparte de esa cantidad de medidas para detenciones, están las redadas que el ICE lleva a cabo en vecindarios y centros de trabajo, también en busca de inmigrantes a los que clasifica como delincuentes, pero en las que son detenidos muchos otros hallados en las búsquedas.

Encima, la administración Trump intenta retomar una medida de la época del gobierno de Bill Clinton, cuando lanzó la operación guardián, las deportaciones express.

Ante la falta de más jueces de migración, los agentes deciden quiénes deben ser deportados de manera expedita. En la década de 1990, los oficiales deportaban rápido a los detenidos cerca de la frontera que tenían menos de dos semanas en el país y que no podían demostrar al instante una razón válida para estar en Estados Unidos.

La administración Trump intenta otorgar el mismo poder de discreción a los agentes, aunque no estén cerca de la frontera ni los detenidos hayan ingresado recientemente al país.

Y la administración ha lanzado un método de monitoreo o identificación adicional, usar también una ley de 1996 pero modificada. La legislación prohíbe a los indocumentados usar programas de asistencia social, como servicios de salud, pero Trump quiere que también se aplique cuando los indocumentados soliciten asistencia para sus hijos estadunidenses.

Adicionalmente, los dreamers quedaron como indocumentados desde el 5 de marzo, al vencer un plazo de seis meses que Trump dio al congreso para decidir sobre ese programa, y también quedarán unos 200 mil salvadoreños y 50 mil haitianos al vencer próximamente la protección ante deportaciones que les prevenía desde hace dos décadas y ocho años, respectivamente.

Juan José Gutiérrez, defensor de los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles, dice que todas estas medidas en conjunto son como una reforma migratoria en contra de los migrantes y para una limpieza étnica del gobierno de Trump, con la que trata de expulsar a inmigrantes sin antecedentes.

El ICE tiene un comparativo. Los detenidos en el interior del país –distantes de la frontera— y deportados entre el 20 de enero de 2017, el día que Trump tomó posesión del cargo y el último día de ese año fueron 61 mil 94, mientras que en el mismo periodo el año anterior fueron 44 mil 512.

En lo general, incluidos los indocumentados detenidos en la frontera y los solicitantes a quienes se les negó asilo fueron deportadas en total 266 mil personas en 2017.

El Departamento de Seguridad Interior (HSD) informó que para este año planea deportar a 450 mil inmigrantes, de los que 150 mil serán detenidos por la patrulla fronteriza, una cantidad incluso mayor que el total de detenciones de la patrulla en 2017, con 130 mil personas, incluidas muchas que buscaban asilo e indocumentados reincidentes, aprehendidos más de una vez.