La adolescente de 16 años cuyo bebé fue arrojado a un río de Barcelona (España) y murió había intentado abortar antes de dar a luz.

Cuando la menor contaba con menos de tres meses de embarazo pidió ayuda para interrumpir el proceso al Ayuntamiento del municipio de l’Hospitalet de Llobregat, sin embargo, esta le fue negada al no contar con el permiso de sus padres, según informes de El Periódico.

La Ley de Salud Sexual del municipio exige el permiso de los padres para proporcionar ayuda a las menores de edad que deseen abortar a raíz de las modificaciones implementadas a dicha ley por el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) en 2015.

Informes señalan que la adolescente había llevado en secreto el embarazo junto a su pareja. Cuando ella comenzó a tener contracciones, rentaron una habitación en un hostal a las afueras de Barcelona, donde parió únicamente auxiliada por su novio.

Tras dar a la luz el pasado 24 septiembre, el joven metió al recién nacido dentro de una maleta y lo arrojó al río Bèsos, tras lo cual testigos reportaron el hecho a las autoridades.

Posteriormente, el menor se dirigió a un bar asegurando que le habían robado una maleta, consiguió un cargador y llamó a su padre. Ambos terminaron denunciando ante la comisaría de Mossos, tras lo cual él fue detenido como medida cautelar, detalla El País.

El bebé fue hallado sin vida en el río tres días después.

Durante la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la Ley de Salud Sexual y Reproductiva permitía interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas sin necesidad de justificación, o bien en las primeras 22 semanas si la salud de la embarazada se encontraba en riesgo o el feto presentaba “riesgo de graves anomalías”.

Sin embargo, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó dicha ley, exigiendo a las menores de 16 y 17 años una autorización expedida por sus padres o tutores, un requisito que el actual Gobierno de Núria Marín Martínez del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) busca modificar.

Al menos 345 menores de 15 años y otras 9 mil 410 de hasta 19 años abortaron en 2017, de acuerdo al último informe de interrupciones del embarazo del Ministerio de Sanidad español.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) es una de las organizaciones que se encuentran exigiendo que la ley del aborto sea modificada nuevamente; atribuyen el cambio anterior a motivos “ideológicos”.

Mediante un estudio descubrieron que las menores que acudían a abortar sin la compañía de sus padres o tutores lo hacían por causas justificadas. 

“Se trataba de casos que informar suponga un riesgo de violencia interfamiliar, forman parte de familias desestructuradas o no tienen familia. Por eso no estaba justificada el cambio legal”, indica Francisca García, presidenta de la asociación.

Este tipo de restricciones terminan por orillar a las menores a abortar en la clandestinidad, de manera insegura, añade, motivo por el cual se exige la omisión de dicho requisito a la actual administración del municipio catalán.