* Sección 22 presenta siete amparos

POR PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- El cuerpo jurídico de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) presentó hoy siete amparos colectivos que promovieron 43 mil maestros en contra de la Ley de Seguridad Interior que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que viola los derechos humanos de sus gobernados.
La representante del cuerpo jurídico de la Sección 22, Danaé Echeverría Clavel, precisó que los siete amparos que entregaron en el juzgado primero de distrito tienen personalidad con las firmas de 43 mil maestros que se acreditan con comprobantes de sus percepciones y deducciones.
Resaltó que, pese a que “hay crisis de instituciones y los gobernados ya no creemos en las instituciones, recurrimos a presentar más de 40 mil amparos de los agremiados de la Sección 22 contra la Ley de Seguridad Interior porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso de la Unión no está facultado para legislar sobre seguridad interior”.
“Esta ley es inconstitucional porque intenta persuadirnos en el ejercicio de nuestros derechos, intimidarnos y discriminarnos”, consideró.
Entre los derechos que son conculcados, mencionó “el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas porque faculta al Ejército a intervenir medios de comunicación personales para obtener información privada”.
También se viola derecho de audiencia de la víctima u ofendido, a la igualdad ante la ley, a la información, a la reparación íntegra y daños en razón a sus actuaciones; a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, así como al derecho a la protección a datos personales.
Mencionó que esta Ley no respeta la soberanía estatal, ni la autonomía de los pueblos y si al gobierno le estorba alguien o lo considera una amenaza para sus megaproyectos, puede mandar encarcelar a cualquiera con el argumento de ser terrorista.
Alguien que defienda sus tierras o el territorio de los proyectos mineros, eólicos o hidráulicos que han sido entregados a empresas extranjeras, pueden ser detenidos o desaparecidos amparados en la Ley de Seguridad Interior