* La CNDH pide reparar el daño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al confirmar que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) provocaron lesiones que dejaron parapléjico a un civil mientras los marinos perseguían a un presunto delincuente en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó al secretario Vidal Francisco Soberón Sanz a reparar de forma integral el daño ocasionado.
Entre otras observaciones al titular de la Semar está la de colaborar en el esclarecimiento del caso ante la Procuraduría General de la República (PGR), precisó la CNDH.
La Recomendación 31/2018 dada a conocer este jueves, está relacionada con el uso ilegítimo de la fuerza pública que derivó en violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y afectación al proyecto de vida de un joven que al momento de los hechos, el 18 de mayo de 2015, contaba con 21 años de edad.
Contra la víctima, también se violaron los derechos de acceso a la procuración de justicia y a la verdad, al no existir sanciones para los elementos que, al realizar una persecución en plena Costera Miguel Alemán, causaron lesiones al joven que quedó parapléjico de por vida.
La recomendación surge en momentos en que la Semar y la policía estatal de Guerrero han tomado el control de la seguridad en el puerto, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
De acuerdo con la investigación de la CNDH, la víctima se encontraba en un puesto de comida en compañía de su novia y un amigo, en las inmediaciones de la glorieta de la Diana Cazadora, cuando atestiguaron que una persona, que después sabrían era elemento naval, perseguía a un sujeto que corría hacia la playa, con el propósito de aprehenderlo.
Casi de manera inmediata, el joven sintió su “cuerpo caliente y sus piernas acalambradas” y comenzó a sangrar, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se le extrajo el riñón izquierdo y el bazo, y por el impacto del proyectil, el joven sufrió una severa lesión en la segunda vértebra lumbar.
De acuerdo a la madre de la víctima, quien presentó la queja ante la CNDH, los médicos le informaron que por la gravedad de las lesiones sufriría dolores de por vida, además de que perdió la movilidad de las piernas.
Según los hechos descritos por la quejosa, mientras se encontraba en la sala de espera mientras su hijo era atendido, “arribaron al lugar elementos de la SEMAR a solicitarle datos generales de ella y de V1 y le indicaron ‘que estaban a su disposición para lo que requiriera’ sin explicarle el motivo”, en tanto que dos marinos donaron sangre para el joven. La madre del joven narró a la CNDH que el 29 de junio de 2015, un oficial de la Semar se comunicó con ella para ofrecer apoyo, por lo ocurrido a su hijo, “sin que dicho apoyo se materializara”.
La CNDH destacó que durante su investigación, la Semar negó responsabilidad en los hechos, y atribuyó las lesiones del joven al presunto delincuente perseguido, que falleció en la persecución.
Sin embargo, el organismo demostró que “los análisis de química forense que se practicaron a esa persona no revelaron elementos de plomo y bario, productos característicos de la deflagración de la pólvora, y los testigos refirieron que iba desarmado y que quienes realizaron los disparos fueron los persecutores”.
Ante las evidencias, la CNDH “acreditó que el uso de la fuerza por el personal de la Semar no fue acorde con los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad, ya que el sujeto perseguido estaba desarmado y no representaba amenaza o peligro real para su integridad física o su vida; que omitió considerar y evaluar adecuadamente el riesgo de disparar en presencia de población civil y no preservó los indicios y lugar de los hechos donde se detuvo al probable delincuente”.
De acuerdo a la recomendación, los agentes del Ministerio Público de Guerrero “no realizaron una investigación pronta, exhaustiva, completa e imparcial para identificar a los probables responsables de lesionar a la víctima, lo que se tradujo en la pérdida de evidencia y violaciones al derecho de acceso a la justicia en modalidad de procuración y verdad”.
Al determinarse que los daños causados a la víctima, afectaron su proyecto de vida, “por la pérdida o drástica reducción de oportunidades de desarrollo y realización”, la CNDH recomendó al titular de la Semar “la reparación integral del daño, mediante atención médica, psicológica y el otorgamiento de una compensación apropiada, así como inscribir al afectado en el Registro Nacional de Víctimas.
“Y colaborar en el trámite de la carpeta de investigación y procedimiento administrativo que se inicien ante la PGR y la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, respectivamente”.
También se recomendó “instruir que el personal naval emplee de manera permanente en sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio para documentar su actuación”, y proporcionar cursos sobre el uso de la fuerza, respeto a derechos humanos y preservación del lugar de los hechos.
Por la falta de acceso a la justicia, la CNDH recomendó al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que se apliquen mecanismos de control y supervisión para que los agentes del Ministerio Público actúen con debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación; colaborar en la queja que el organismo nacional presente en el órgano de control correspondiente contra los servidores públicos involucrados en el caso, así como capacitar al personal en materia de procuración de justicia y atención a víctimas conforme a estándares internacionales.

No sería hasta el día siguiente que la familia de la víctima se enteraría por el diario local El Sur que su hijo “había resultado lesionado en un operativo realizado por la Semar para aprehender a P1, un presunto miembro de la delincuencia organizada proveniente del Estado de México”.