Por Arturo Rodríguez García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 2013, antes inclusive de que terminaran los
procesos legislativos para concretar la Reforma Energética, una asociación civil inició
cabildeos y articuló una red de relaciones en México y el extranjero, a fin de promover la
inversión en shale gas: el Clúster de Energía Coahuila.
Dicha asociación fue creada por el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex,
Rogelio Montemayor Seguy, economista excluido de la élite tecnócrata, acabada su carrera
política por ser protagonista del escándalo conocido como “Pemexgate”, de triangulaciones
millonarias de la entonces paraestatal al sindicato petrolero para de ahí, financiar la
campaña presidencial de Francisco Labastida.
Miembro de una influyente familia en el norte de Coahuila, Montemayor era un estereotipo
del tecnócrata. Estudió economía en el Tec de Monterrey, maestría y doctorado en la
Universidad de Pensilvania, donde fue adjunto de Lawrence Klein, el Nobel de Economía,
creador de las herramientas econométricas para predecir tendencias.
Luego de ocupar diferentes posiciones en el gabinete económico, llegó al INEGI en
sustitución de Pedro Aspe, presidiendo el organismo de 1985 a 1988, año este último en el
que inició, impulsado por el salinismo, una vertiginosa carrera política: diputado federal
(1988), senador (1991), gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (1999-
2000).
El caso fue ampliamente ventilado en medios, se convirtió en bandera anticorrupción del
gobierno de Vicente Fox, pero sus consecuencias de derecho se perdieron en el
maniobrerismo, la negociación, la simulación y la inexperiencia. Multado el PRI con mil
millones de pesos, el asunto no tuvo responsabilidades penales y Montemayor, como los
demás implicados, quedaron exonerados.
Menos conocidos en el ámbito nacional, son los negocios de los hermanos Edilberto, Jesús
María y Rogelio Montemayor Seguy en la minería de carbón: sin controles ambientales
suficientes han perforado indiscriminadamente la región para enriquecerse como
proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, inclusive a costa de la vida de los
trabajadores, como ocurrió en el Pozo 3 de Binsa, en mayo de 2011, donde murieron 13
trabajadores y un niño trabajador quedó mutilado, en una mina en la que Jesús María era
concesionario.
Rogelio, libre de todo proceso judicial, se arrimó a Grupo México por ahí de 2008.
Apareció por Cananea, intentando sabotear la huelga minera, consiguió la reapertura de una
lavadora de carbón en Pasta de Conchos y, tiempo después, fundó la mencionada
asociación energética fincando alianzas locales, nacionales y trasnacionales para promover

el fracking. Una campaña en forma que va de escribir artículos en diarios (con guiños de
simpatía hacia López Obrador) a consolidar alianzas en todos los niveles, y promover el
fracking en pueblos y comunidades.
Consiguió que aceptaran ser “asociados” al menos 15 instituciones de educación superior,
entre estas, Texas A&M International University y el Tecnológico de Monterrey; cuatro
centros de investigación con presupuesto federal como lo son IIE, Ciqa, Comimsa y
Cinvestav; en lo local, 19 ayuntamientos y el gobierno del estado; pero principalmente, 57
empresas, entre las que destacan Grupo México, Peñoles e Iberdrola.
Una versión hasta ahora no confirmada es que, entre sus asociados y políticos de la entidad,
hay inversiones millonarias en acaparamiento de tierras con potencial de shale gas, pues
hasta hace unos días el negocio parecía inminente, con tenue oposición de los siempre
minoritarios ambientalistas.
El pasado viernes 5, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no se permitirá el
fracking, lo que ha causado nerviosismo en los ya dispuestos inversionistas. Previsible,
sigue una fuerte presión sobre el gobierno que aún no inicia desde el tejido de alianzas
construidas por Montemayor Seguy, en un contexto donde el presidente electo tiene ante el
poder económico, varios frentes abiertos.
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