*Guanajuato, Chihuahua y BC encabezan la clasificación de avance en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia

México, D. F. jueves 15 de junio del 2017.- Agencias/ Todas las entidades del país están por debajo de la expectativa de avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal —que entre otros aspectos prevé los juicios orales—, a un año de su plena entrada en vigor, indicó un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Guanajuato, Chihuahua y Baja California fueron las entidades más adelantadas, aunque sin alcanzar el estándar realista esperado para 2016, en tanto que Campeche, Baja California Sur y Guerrero se encuentran al fondo de esta medición que considera una serie de indicadores para poner en marcha la reforma penal aprobada desde 2008 y para la cual se dio un plazo de ocho años para la adaptación de las instituciones.
El ranking prevé además un estándar ideal que refleja las condiciones en las que se debería aspirar que el sistema funcione a partir de su consolidación y mejora continua.
Entre las deficiencias encontradas, está la necesidad de modificar la manera en que funcionan y se coordinan las instituciones de seguridad y justicia como los cuerpos de policía y las procuradurías para la persecución de los delitos, así como la falta de de capacitación y de recursos materiales.
La inversión de más de $15,000 millones, en riesgo
La investigación de CIDAC encontró que, de 2010 a 2016, se invirtieron recursos públicos por más de 15,000 millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia, entre otras con acciones como la construcción de instalaciones para los juicios orales.
De dicho monto, más de 11,000 millones corresponden a un fideicomiso y más de 4,000 millones pertenecen a un subsidio otorgado por la Federación, ambos para apoyar a las entidades en este proceso. A esta suma hay que adicionar 51 millones de pesos gastados por el gobierno federal en consultorías y asesorías de proyectos, así como el dinero de los diversos fondos de seguridad que los estados reciben, y que en parte han sido empleados para la implementación de la reforma.

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