Por: Irma Leticia Maya Blancas

Como bien se sabe la migración ha ido en incremento durante los últimos años en Latinoamérica un gran ejemplo de ello son las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica que se hicieron tan evidentes en octubre del año pasado y que siguen atravesando tan ordinariamente el territorio nacional con la finalidad de buscar una nueva vida en los Estados Unidos.

Los países están cada vez más preocupados en atender esta problemática y debido a la presión de EUA hacia México para detener la migración, México no podría ser una excepción ante la ejecución de una resolución al problema. El presidente  Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña una política migratoria más humana, esta política atendería a las graves violaciones a los derechos humanos que la sociedad civil y diversas organizaciones no gubernamentales han identificado como resultado de una política de Estado que criminaliza a las personas migrantes y a los defensores que les hacen compañía.

López obrador argumentaba tras su elección que a  partir de que él tomara posesión de la administración federal implementaría un programa para dotar de visas de trabajo a los migrantes centroamericanos que desearan permanecer en el país. Por un lado una de sus primeras estrategias migratorias al inicio de su administración giraron en torno a la suspensión del  Plan Frontera Sur que militarizaba la atención del fenómeno migratorio, también ofreció condiciones de estancia en el país a través de la oferta de empleos, acceso tanto a servicios médicos como educativos,  además amplió el alcance de la Tarjeta de Visitante Regional Fronterizo.

Con estas nuevas acciones puestas en marcha por el nuevo gobierno se puede apreciar claramente una gran diferencia en torno a la política migratoria de los sexenios anteriores de Enrique Peña y Felipe Calderón. Las cosas hasta hace algunas semanas parecían que comenzaban a mejorar, sin embargo, durante estos últimos días se han presentado diversas condiciones que nos dejan ver la cruda realidad de la “nueva política migratoria”.

Esta semana ha resultado imposible ignorar el operativo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) cuya finalidad fue detener y deportar a cientos de migrantes centroamericanos  que formaban parte de una caravana, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. Durante el operativo los agentes migratorios con la ayuda de elementos policíacos separaron a los menores de edad para que sus padres se vieran obligados a buscarlos y así poder detenerlos. Como resultado, fueron detenidos 371 migrantes centroamericanos entre los cuales se encontraban niño y mujeres, quienes finalmente fueron deportados a sus respectivos países de origen.  

Por un lado la justificación por parte  de los funcionarios del gobierno federal fue  que se actuó de tal manera debido a que hubo agresión de parte de los migrantes y no quedó de otra más que deportarlos. Por otro lado, al enfrentar los hechos, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que “en ningún momento México ha planteado cambiar su política migratoria, la cual se basa en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos”. Con lo anterior no queda ninguna duda de las perspectivas tan diferentes que se tienen en el gobierno mexicano en torno a la realidad migratoria que acontece en el sur del país.

De todo lo anterior, lo que resulta más preocupante es que de continuar con los operativos del INM y los cuerpos policiacos con el objetivo de detener y deportar a las familias, los miles de migrantes que logran ingresar al país diariamente optarán por retomar otras prácticas migratorias más peligrosas como lo son el transportarse por medio de la bestia o por medio de polleros. Por lo tanto está más que claro la necesidad que hay de crear una política a escala federal que contenga acciones coordinadas con instancias locales en los distintos estados, que brinden la atención y servicios necesarios a la gran población migrante que atraviesa el país.  

El gobierno de López Obrador tiene aún un largo caminar y muchas temáticas por cambiar, una de ellas deberá ser el diseño de nuevas políticas migratorias que deban pasar de una visión de seguridad nacional a una visión defensora de los derechos  humanos y  para ello es necesario que el diseño de estas políticas dejen de realizarse desde el Departamento de Estado norteamericano  y se modifiquen los marcos legales y normativos desde el interior del territorio nacional.