*Desde hace una semana once camiones permanecen secuestrados

Por Homobono Pérez Pereyda
Tepic, Nayarit; Martes 30 de Enero de 2018.-
El representante de los permisionarios de la ruta progreso 4, Hugo Antonio Lara Arias, exhortó a las autoridades a hacer valer el estado de derecho para recuperar once camiones que desde hace una semana permanecen secuestrados por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte en el Estado de Nayarit (SITRATEN).
Lara Arias explicó que este pasado lunes contrataron los servicios de un notario público para que diera fe de la acción ilegal en que incurren quienes mantienen secuestradas las unidades, debido a que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no enviado a nadie a pesar de que ya existe una denuncia.
“Como la fiscalía no ha podido ir a dar fe que están posesionados ellos, por lo mismo que piensan que es cierto lo que declaran ellos, por eso mismo yo pedí que el notario publico diera fe que fuimos a pedir en buen modo la entrega de las unidades que son de nuestra propiedad”, expresó.
Lara Arias, documentos en mano, señaló que el argumento de los inconformes en el sentido de que los permisionarios no registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es falso.
Señaló que, por ejemplo, dos trabajadores que participan en este movimiento: Clemente Luna Pérez y Simón Ramos López, están debidamente dados de alta ante la institución a pesar de que ya se les rescindió sus contratos.
Aclaró que es falso que a los patrones les quede un dineral de ganancia en esta ruta y explicó que si se hacen cuentas con los cuatro mil pesos que según los mismos choferes deja cada vehículo diariamente y se descuenta el 20 por ciento que se les paga, así como casi dos mil pesos de diesel, les quedan sólo mil 200 pesos que se utilizan para darle mantenimiento a los vehículos y pagar las letras en el caso de quienes todavía deben sus unidades.
El representante de los permisionarios de la ruta progreso 4, Hugo Antonio Lara Arias, pidió al subsecretario general de gobierno, Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, una audiencia para darle a conocer la realidad que prevalece en la relación patronal con los choferes.
Estimó que el secuestro de las once unidades, además de los perjuicios económicos que origina, afecta a poco más de cinco mil usuarios que utilizan los servicios de esta ruta diariamente.