• El PRI amenaza con interponer denuncias penales ante la FGR por coalición de funcionarios públicos, abuso de autoridad y demás delitos que se acumulen

Por: Verónica Ramírez

Tepic, Nayarit.- Jueves 16 de mayo del 2019.- Acusarán al Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) por desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, tras ignorar su fallo que establece que las comisiones temporales o permanentes son nulas pero en este instituto, hacen caso omiso.
Luego del escándalo suscitado en dicho instituto donde hasta los elementos de la Policía municipal hicieron su arribo para calmar los ánimos de los protagonistas del incidente, Roberto Lomelí “El Bachis”, representante del PRI y la consejera, Zulema Garnica Pineda, las cosas se ponen color de hormiga.
Y es que ante el zafarrancho, el Bachis informó que presentará varias denuncias penales ante la FGR por coalición de funcionarios públicos, abuso de autoridad y demás delitos que se acumulen.
Lamentó que durante la sesión de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes se observara irregularidad, prepotencia y falta de tolerancia que son requisitos para los consejeros electorales.
Lo peor del caso, es la presunta ilegalidad de dicha comisión al utilizar un reglamento derogado en el 2016 por las instancias competentes para llamar a la fuerza pública, basados en un reglamento que no existe.
La intolerante Consejera del IEEN invocó y aplicó un reglamento ilegal que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaro inconstitucional e igualmente lo hizo, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado.
“Ella no tiene autoridad para los efectos de haber requerido la presencia de la fuerza pública y eso se llama abuso de autoridad de funcionario publico”, afirmó Roberto Madrigal.
Se burlan de la SCJN con conocimiento de causa, y por eso todos los consejeros van a ser denunciados por el abuso de funcionarios públicos.
“Voy a presentar denuncia penal contra los consejeros que han integrado las comisiones puesto que ellos protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y no lo están haciendo”, Roberto Madrigal.
El desacato a un ordenamiento federal puede derivar hasta en destituciones de los involucrados en caso de comprobarse dichas aseveraciones. Y la denuncia va en contra de todos los que participan en las comisiones especiales y temporales porque están conscientes de lo que hacen, al ser personas “preparadas” que el pueblo les paga 102 mil pesos al mes.