.Para inhibir a líderes de opinión y, sobre todo, frenar la protesta social convocada a través
de las redes sociales
POR JESUSA CERVANTES
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mientras se esperaba la Ley de Seguridad Interior, la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados coló una polémica reforma al Código Civil
dentro de un paquete de dictámenes que no se discutieron y a los cuales no se les dio
lectura, pero los diputados de todos los partidos aprobaron cuanto les presentaron. Y
aunque el PRI sostiene que no se trata de una “ley mordaza”, el especialista Jaime
Cárdenas indica que esa reforma, igual que la Ley de Seguridad Interior, pretende inhibir
la crítica y la protesta, sobre todo de los ciudadanos que utilizan las redes sociales.
En la vorágine legislativa y en medio de una larga espera por la minuta de la Ley de
Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal que,
según sus detractores, pretenden inhibir a líderes de opinión y, sobre todo, frenar la
protesta social convocada a través de las redes sociales.
El partido que presentó la iniciativa, el PRI, niega que ésta implique cualquier limitación a
la libertad de expresión. Y aunque no votaron los 499 diputados, respaldaron esa
propuesta los siete partidos representados en el Congreso de la Unión.
La noche del 14 de diciembre, con la asistencia de 387 diputados, el pleno de San Lázaro
aprobó sin discusión ni lectura 80 dictámenes al vapor. Uno de ello, aparentemente
inofensivo, versó sobre la inclusión de los “medios electrónicos” a la hora de aplicar
sanciones “por daño moral”.
Desde 2007 el daño moral dejó de ser un “delito”, es decir que no se sanciona
penalmente, sino que es un “ilícito” y se sanciona con medidas económicas si así
lo determina un juez.
Actualmente se establece que quien “comunique” un “hecho cierto o falso” que
pueda causar “deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de
alguien”, puede ser sancionado. Sin embargo, el artículo no especificaba los
medios con los que se podía incurrir en “daño moral”.
Gracias a 387 diputados de todos los partidos, puede sancionarse un hecho “cierto
o falso” que se comunique “a través de cualquier medio tradicional o electrónico”,
es decir, incluso en las redes sociales.
Las redes sociales, el objetivo
Jaime Cárdenas Gracia, abogado, especialista en derecho constitucional,
integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejero

electoral del entonces Instituto Federal Electoral y exdiputado federal por el PRD,
alerta sobre el peligro que implican “los pequeños cambios” a un artículo que
desde hace una década tipifica el “daño moral” como un hecho no penal.
Aclara que la iniciativa priista no está dirigida a los periodistas, sino a la población
en general, a aquella que recurre a las redes sociales para manifestarse, protestar
y convocar a movimientos sociales, por ejemplo. Añade que esos cambios deben
leerse en el marco del proceso electoral:
“Esto no va dirigido a los periodistas, a los medios de comunicación, pues ese
artículo ya existe desde hace años. De lo que se trata es de acotar la participación
ciudadana que se expresa y convoca vía redes sociales; está dirigido a los líderes
de opinión para que inhiban su activa participación en redes.”
Cárdenas Gracia considera que la inclusión de los medios electrónicos se debe
leer “junto con la Ley de Seguridad Interior” y con los recientes cambios en el
Instituto Nacional Electoral, donde se colocó a una persona cercana al candidato
priista José Antonio Meade Kuribreña en una posición clave, como es la Unidad de
Fiscalización.
De acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Geografía e
Informática (Inegi) sobre el uso de internet y redes sociales en el país, que se dio
a conocer en marzo de 2017, 59.5% de la población (65.5 millones de personas)
utiliza internet.
Para diciembre de 2016, según el mismo estudio, 60.6 millones de mexicanos
contaban con teléfono inteligente y 75.8% de ese total lo usaban para interactuar
en las redes sociales.
Además, se comprobó que los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes más
recurren al internet, en tanto que las personas de entre 35 y 59 años
incrementaron el uso de esas tecnologías.
Precisamente Cárdenas Gracia indica que los cambios, impuestos en un “albazo
legislativo” –pues la iniciativa se presentó sin discusión ni lectura de lo que trataba
la modificación y en el cierre del periodo legislativo, cuando los legisladores
estaban atentos a la llegada de la minuta de la Ley de Seguridad Interior– se
dirigen a la ciudadanía que recurre a las redes sociales.
Por eso señala que la Ley de Seguridad Interior, los cambios en el INE y la
modificación al Código Civil, realizados paralelamente, conforman “un escenario
adverso al proceso electoral mismo”.

Explica: Por un lado tienes en la fiscalización de los recursos de los partidos a un
funcionario cercano al candidato del régimen; por otro, una ley que en su artículo 8
dice que no se empleará al Ejército en contra de las manifestaciones “que se
consideren constitucionales”; y los cambios al Código Civil cierran el círculo “para
limitar la protesta asocial, la crítica en redes sociales y las convocatorias a
manifestarse en contra del régimen”.
La mordaza oculta
Los cambios, que incluyen a “los medios electrónicos” como vías para causar
“daño moral” a quien difunda un “hecho cierto o falso”, fueron votados por todos
los partidos. Al momento de la aprobación había 387 legisladores: 179 del PRI, 82
del PAN, 30 del PRD, 28 del PVEM, 38 de Morena, 15 de MC, ocho del Panal,
seis del PES y un diputado independiente. Ninguno de los presentes votó o pidió
la palabra para hablar en contra. De ahí que los cambios salieron “por
unanimidad”.
Las modificaciones fueron propuestas el jueves 7 al pleno por el diputado priista
Pablo Elizondo García, de Nuevo León. El mismo día se envió la iniciativa a la
Comisión de Justicia, que también preside el PRI. Ahí, Morena se abstuvo de votar
y el resto de los partidos respaldó la reforma. Dos sesiones después, se sometió a
la votación del pleno en medio de decenas de dictámenes.
Recuerda, por ejemplo, la denuncia por daño moral que la viuda del expresidente
José López Portillo presentó contra la periodista Isabel Arvide: “En su defensa, la
periodista invocó el artículo 1916 bis, el cual dice: ‘no estará obligado a la
reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión
e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la
Constitución’”.
Pero el juez no lo quiso reconocer y ella fue sancionada con una multa, recuerda
Cárdenas. Entonces, enfatiza, sí se atenta contra la libertad de expresión al
quedar a interpretación del juez, pese a que el priista Camacho Quiroz sostenga
que “hay que hacer una interpretación completa del precepto”.
El jurista reitera que se coarta la libertad de expresión, se puede limitar el uso de
las redes sociales e inhibir a los líderes de opinión imponiéndoles multas que
pueden ser millonarias.
En estos momentos las Reformas están en la cancha del Senado.