Pide al TSJ actuar con criterios jurídicos y no políticos

Por Homobono Pérez Pereyda Tepic, Nayarit; Viernes 23 de Marzo de 2018.- El secretario general de gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, lamentó y cuestionó las medidas cautelares aplicadas por el Tribunal Superior de Justicia contra uno de los dos vigilantes implicados en el daño patrimonial contra la UAN y que se encontraba detenido desde diciembre del año pasado.
“Ojalá y me equivoque yo, pero percibo un Poder Judicial haciendo política no justicia”, expresó el responsable de la política interna en el gobierno del estado.
Agregó que no se valen este tipo de resoluciones mientras la Fiscalía General del Estado trabaja en aplicar la ley en contra de quienes la han violentado.
“La Fiscalía está trabajando en lo suyo también; están tratando de llamar a cuentas a quienes hayan incurrido en posibles acciones criminales, está incluso judicializando los temas del día a día”, indicó.
En ese sentido, Montenegro Ibarra hizo un llamado al Poder Judicial Nayarita para que aplique en sus resoluciones criterios jurídicos y no políticos.
“El llamado nuestro sería a que cada quien hagamos nuestra tarea con mucha responsabilidad y respeto al marco institucional; nosotros estaremos en lo nuestro, con la claridad, la certeza, de que hay cosas que se tienen que ajustar, se tienen que mejorar”, indicó.
La molestia del secretario general de gobierno radica en que este pasado jueves se dio a conocer la decisión del magistrado de la segunda sala penal del TSJ, Román Carlos Rafael González Momita, en el sentido de modificar la medida cautelar de prisión que se había dictado en primera instancia contra el imputado José Ernesto Robles Delgado.
La medida cautelar que le fijó en segunda instancia incluye el depósito de una garantía económica por 300 mil pesos, la obligación de presentarse a firmar cada semana y la prohibición de salir de la ciudad sin permiso.
Lo anterior, argumentó, en base a la apelación presentada por la defensa de la parte acusada y al artículo 19 de la Constitución General de la República, que precisa los casos en que el juez puede dictar la prisión preventiva como medida cautelar.
Sin embargo, el secretario general de gobierno insistió que en espera que los jueces y magistrados del TSJ actúen con criterios técnico-jurídicos y no políticos.