Por Luis Miguel Cano López

Inicia agosto y con ello resurge un debate público sobre la conveniencia o no de crear un Tribunal Constitucional para encomendarle la defensa de la Constitución. De proceder esta idea, a nuestra Suprema Corte de Justicia le tendrían que quitar ciertas atribuciones para trasladarlas a ese otro Tribunal y dejarla solamente como cabeza del Poder Judicial federal, para que atienda cuestiones de mera legalidad.
El cambio no sería menor, ni tampoco sus implicaciones. De entrada necesitaría de una reforma constitucional para reorganizar al Poder Judicial federal y darle sustento al Tribunal Constitucional, preferentemente como institución autónoma de los tres poderes tradicionales. Las mayorías legislativas para llevar a cabo esa transformación existen, aunque dudo que las respalde una voluntad política de peso. De hecho, quiero pensar que esta innovación no se va a realizar en México.
Me alegraré si no sucede esa trascendental modificación a nuestra organización constitucional, pero también me congratula que se debata ante la opinión pública. Lo primero porque no me gustaría ver al próximo gobierno ante la tentación enorme de conformar un Tribunal Constitucional desde cero. Si con el tema de la Fiscalía que sirva ya dan de qué hablar, no quiero imaginar cómo podrían armar el mecanismo para integrar a ese Tribunal. La verdad, ni siquiera me convencería la idea de gente notable, proveniente del foro, de la academia y de la sociedad civil organizada, haciendo las propuestas iniciales para que las considere el gobierno.
En todo caso, recibo como buena noticia la ocurrencia del tema porque permite voltear a la Suprema Corte y discutir si se comporta como Tribunal Constitucional. Es evidente que tiene las competencias necesarias, es conocido que se asume como tal desde hace muchos años, es cierto que en los discursos y declaraciones se le puede calificar así y estar en sintonía, pero si se quiere debatir en serio, se tienen que analizar día a día sus fallos y ver si su razonamiento es constitucional.
En otras palabras, para ser Tribunal Constitucional se tiene que razonar con un enfoque de constitucionalidad y no de mera legalidad. La diferencia es enorme si se aterriza a casos concretos. Dos me bastan para clarificar la idea. El primero es de trascendencia pública sin igual. La Suprema Corte, instancia última del Poder Judicial federal, tiene la responsabilidad de defender nuestros derechos humanos. Al igual que el resto de juzgados de distrito y tribunales de circuito, la vía por excelencia para hacerlo es el juicio de amparo. Así que la forma en que entiende y desarrolla al amparo nos muestra mucho si es o no es, un Tribunal Constitucional.
En mi opinión, un Tribunal Constitucional dialoga con la Constitución directamente, desenvuelve su texto y obtiene respuestas que en ella no se leen a primera vista. Obviamente esa labor le otorga un enorme poder y por eso es vital en democracia asegurarnos de que rinda cuentas y actúe a la altura. Nuestra Constitución tiene un mandato que define su esencia: favorecer en todo tiempo la mayor protección de las personas y sus derechos humanos. De esa orden constitucional sigue otra: no restringir ni suspender esos derechos y los mecanismos para su defensa, salvo en los casos y las condiciones que expresamente deriven del texto constitucional.
A un Tribunal Constitucional digno de apreciar le bastarían esos dos mandatos para impartir verdadera justicia, de esa que transforma lo que está mal, que combate la impunidad, que le cierra todos los caminos al abuso del poder. De esa que garantiza verdad y reparación, que asegura un nunca más o la no repetición de las violaciones a derechos humanos y que no evade asignar responsabilidades.
Con eso en mente, la pregunta fundamental es si nuestra Suprema Corte es en cada una de sus sentencias eso u otra cosa. Y no solamente eso, sino si sirve de ejemplo para que así se comporten todos los juzgados y los tribunales de amparo.
De cara al primer caso, un Tribunal Constitucional con ideas claras y compromiso incólume con los mandatos de la Constitución, cada día haría del amparo el medio idóneo para defender los derechos humanos. No de palabra, sino en los hechos, haría del amparo el recurso breve, sencillo, accesible para todas las personas que enfrentan violencia y violaciones de sus derechos. Lo haría un mecanismo de garantía adecuado y efectivo para remediar esas violaciones. Eso se concreta, entre muchas cuestiones, en los efectos de las sentencias dictadas en el amparo.
Nuestra Suprema Corte tiene en el futuro próximo un reto determinante en el caso Ayotzinapa. Su Primera Sala tiene un precedente bastante criticable que limita los efectos reparadores de las sentencias de amparo. Ha dicho que el amparo primordialmente sirve para restituir en el goce de los derechos, invalidando los actos que los vulneran u obligando a que se haga lo necesario para respetarlos. El problema es que eso no es suficiente. Muchas veces se tienen que transformar las cosas. La Constitución no tiene todas las repuestas literales. Pero de eso a pretextar sus silencios, o peor, las carencias en la ley, hay un mundo de distancia.
En otras palabras, para ser Tribunal Constitucional se tiene que razonar con un enfoque de constitucionalidad y no de mera legalidad. La diferencia es enorme si se aterriza a casos concretos. Dos me bastan para clarificar la idea. El primero es de trascendencia pública sin igual. La Suprema Corte, instancia última del Poder Judicial federal, tiene la responsabilidad de defender nuestros derechos humanos. Al igual que el resto de juzgados de distrito y tribunales de circuito, la vía por excelencia para hacerlo es el juicio de amparo. Así que la forma en que entiende y desarrolla al amparo nos muestra mucho si es o no es, un Tribunal Constitucional.